ALGO FALLA EN EL URBANISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Aunque el informe aborda de forma general el urbanismo salvaje español, la semilla de esta tercera resolución se encuentra -al igual que en las anteriores de diciembre de 2005 y junio de 2007- en la Comunitat Valenciana, de donde proceden la gran mayoría de las miles de quejas que ha recibido el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Sendas resoluciones alternativas promovidas por los populares y socialistas españoles, respectivamente, para modificar el crítico texto de Auken no consiguieron pasar el examen de la sesión plenaria.
Costas destruidas masivamente, durante la última década, por el "cemento y el hormigón", algo que perjudica al turismo de calidad pero también a la identidad, el medioambiente y el legado cultural y arqueológico de las regiones. "Alarmante falta de confianza" en el sistema judicial español por parte de los ciudadanos afectados. "Preocupación y desaliento" ante el hecho de que las propias "autoridades jurídicas y judiciales españolas" reconocen que "no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas". Ausencia de "claridad, precisión" y de aplicación de los "derechos de propiedad individual" lo cual "combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales" ha generado una "forma endémica de corrupción" cuya principal "víctima es el ciudadano", pero que "también ha ocasionado pérdidas sustanciales al Estado español".
Esta es la fotografía que denuncia el informe Auken respecto a las consecuencias del urbanismo masivo en España. Un modelo de desarrollo movido por la "avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
Una fotografía que perdura desde hace años y que ha hecho necesaria esta tercera resolución del hemiciclo europeo, según indica el texto que critica la falta de "acciones tangibles para dar respuesta" a la situación. Y de no darse cambios, la Eurocámara incluso amenaza con congelar las ayudas europeas a España. Una advertencia de complicado cumplimiento pero que ha quedado negro sobre blanco en la resolución del Parlamento Europeo.
Fin al "agente urbanizador"
No obstante, el informe no sólo se limita a denunciar las consecuencias del urbanismo masivo en la Comunitat Valenciana y otras zonas de España sino que plantea una serie de soluciones y medidas para llevar a cabo e intentar subsanar la situación. En primer lugar, la Eurocámara pide una "profundad revisión" de las legislaciones que afectan a los "derechos de los propietarios particulares" para poner fin a los "abusos" así como que "se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
Asimismo, la resolución insta a que se suspendan y revisen todos los proyectos urbanísticos que incumplan los criterios medioambientales -incluidas las disposiciones en materia de recursos hídricos-, sociales y que "no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente".
"Indemnización a las víctimas de abusos"
El Parlamento Europeo también urge a las autoridades autonómicas y nacionales a poner en disposición de los ciudadanos una información transparente sobre la gestión del suelo así como a impulsar un "debate público" a través del cual se establezca una "comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible".
Del mismo modo, propone a las "autoridades regionales y nacionales a que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos" con el fin de acelerar el "acceso a la justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos".
En este sentido, el texto también considera que las "personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España y se hayan encontrado con que ha sido declarada ilegal deben tener derecho a obtener una indemnización". No obstante, excluye de esta reparación a los "promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento".